La norma de los Ertes mantiene durante el mes de octubre las condiciones vigentes actualmente, de forma que los actuales se prorrogarán un mes más «para dar tiempo a las empresas, a trabajadores y a las propias administraciones» a adaptarse al nuevo marco de Ertes formativos, según ha indicado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Del 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 entrará en vigor ese nuevo esquema de Ertes formativos en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo. No obstante, Escrivá ha precisado que el decreto deja abierta la puerta a que, a partir del 1 de noviembre, las empresas también pueda acogerse a Ertes de impedimento y limitación de actividad en el caso de que surgieran restricciones frente al covid
Pese a que los Ertes se extienden hasta el 28 de noviembre, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha precisado que las empresas que hoy se sujeten a este real decreto de prórroga tendrán que acogerse al nuevo mecanismo estructural de flexibilidad interna que se está negociando en el marco de la reforma laboral una vez que éste entre en vigor, lo que previsiblemente sucederá antes del 28 de febrero.
Con esta norma, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en Ertes y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.
En el caso de optar por acciones formativas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de formación si tienen entre 10 y 49 trabajadores y 40 horas si cuentan con plantillas superiores. Estas actividades formativas, que deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022, se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo. Este crédito se obtiene a partir de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social con el objetivo de que inviertan en la formación profesional de sus empleados.
